La línea de avales públicos del ICO fue una de las primeras medidas que se llevaron a cabo para afrontar la nueva crisis sanitaria en abril, y de esta forma dotar al tejido empresarial de liquidez durante los peores meses del confinamiento domiciliario, cuando estos no tenían suficientes ingresos para hacer frente al pago de las deudas.
Sin embargo, lo que no estaba previsto era que esta grave situación perdurara en el tiempo; Por tanto, a día de hoy, tanto pymes como autónomos se encuentran incluso en peores circunstancias que al inicio de la pandemia, es decir, sin generar ingresos.
Ahora, además, aquellos que solicitaron estos créditos al principio de la crisis tengan que empezar a amortizarlo los prestamos, debido a que el periodo de carencia va a terminar en apenas unos días, por lo que van a tener dificultades para comenzar a abonar las mensualidades de dichos créditos.
Por tanto, ante este nuevo escenario, el Gobierno, la banca y los empresarios están estudiando mecanismos para evitar que las empresas puedan quebrar por la falta de liquidez que se prevé en los meses venideros, como consecuencia de nuevos rebrotes del virus.
El gobierno, sin embargo, no tiene capacidad para determinar las condiciones de los prestamos ICO, sino que únicamente es avalar hasta el 80% del crédito, por lo que jugara un papel importante la relación que haya mantenido cada negocio con su entidad financiera y la negociación de las condiciones de estos préstamos.
La realidad aconseja exigir una ampliación de los plazos de devolución, flexibilizando los periodos de carencia y de amortización, debido a que las circunstancias que originaron la creación de ese aval siguen presentes.
Les seguiremos informando sobre cualquier novedad al respecto.
Lex Cam departamento financiero
