Recientemente, la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha emitido una advertencia crítica a raíz de un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España. Esta nueva doctrina judicial, que ampara la devolución de liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como Impuesto de Plusvalía Municipal, está generando un panorama complejo y preocupante para los municipios y podría extenderse a otros tributos.

El Tribunal Supremo ha modificado su criterio, permitiendo la devolución de liquidaciones firmes en casos donde no se produjo revalorización del terreno. Esta decisión no solo incrementa la probabilidad de indemnizaciones públicas por este tributo, sino que también plantea la posibilidad de que se aplique a otros impuestos.

 La ANIHPL señala que este cambio podría generar un aumento significativo en la litigiosidad y en las impugnaciones fiscales, afectando de manera diversa a los municipios. Aquellos con un sistema de autoliquidación ya experimentaron un aumento en las reclamaciones tras la anulación del IIVTNU en 2017 por parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, los municipios con un sistema de liquidación podrían ver un incremento aún mayor en las reclamaciones, ya que previamente existía un plazo limitado para la impugnación.

Aunque la sentencia del Tribunal Supremo abre la posibilidad de devolución de lo pagado por Plusvalía en liquidaciones firmes anteriores al 11 de mayo de 2017, existe incertidumbre respecto a la limitación temporal de estas devoluciones. La sentencia sugiere que se podría limitar los efectos a un máximo de cuatro años desde el momento del fallo. Existe una preocupación creciente de que este nuevo criterio pueda afectar a otros impuestos locales sujetos a litigiosidad, como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Desde Lexcam, instamos a nuestros clientes a que se mantengan atentos a estas evoluciones y nos consulten para evaluar cómo estos cambios podrían afectar sus obligaciones y derechos fiscales. Estamos comprometidos en ofrecerles la orientación y el apoyo necesarios para adaptarse a esta nueva realidad jurídica.